El 26 de septiembre de 2024, el Gobierno Federal anunció una extensión del plazo para la regularización de "autos chocolate" hasta el 30 de septiembre de 2026. Esta extensión fue oficializada mediante una reforma al transitorio primero del decreto y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La noticia ha generado tanto apoyo como preocupación entre diferentes sectores de la sociedad y la industria automotriz.
El programa, que comenzó en diciembre de 2022, permite la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que no habían sido registrados legalmente en México. Desde su implementación, más de 1.5 millones de automóviles han sido legalizados. Los ciudadanos de zonas fronterizas, especialmente aquellos con menos recursos, han visto esta medida como una oportunidad para obtener seguridad jurídica sobre sus vehículos a un costo accesible.
Sin embargo, los concesionarios de automóviles nuevos han expresado su preocupación ante esta decisión. Señalan que la regularización masiva de vehículos usados aumenta el envejecimiento del parque vehicular en el país, lo que genera mayores riesgos para la seguridad vial y empeora los problemas de contaminación ambiental. Además, subrayan que este programa afecta gravemente sus ventas, ya que muchos ciudadanos prefieren optar por vehículos importados y más baratos en lugar de comprar autos nuevos, lo que a su vez pone en riesgo empleos dentro del sector.
Por otro lado, el Gobierno justifica la extensión del decreto argumentando que es necesario regularizar los vehículos que ya circulan sin registro en el país, y que la medida contribuye a mejorar la seguridad y la fiscalización en las carreteras. El programa ofrece a los propietarios de vehículos una manera de cumplir con sus obligaciones fiscales, mientras que mejora la trazabilidad y el control de los autos en circulación.
El debate entre las necesidades de las familias de bajos ingresos y el impacto en la industria automotriz formal continúa. Mientras que muchos ciudadanos apoyan la extensión del plazo, el conflicto entre los intereses de la población y los del sector formal sigue siendo motivo de controversia.
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